La ausencia de convocatorias viene provocando un grave perjuicio a este personal que han visto quebrantado durante seis años su derecho a promocionar,
a pesar de que la carrera administrativa es un derecho reconocido en el artículo 35.1 de la Constitución Española que establece que “todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión y oficio, a la promoción a través del trabajo (…)”. Esta premisa es ratificada en la sentencia del Tribunal Constitucional 50/1986 que valida lo mencionado en el artículo 35.1 de la Constitución en la Función Pública afirmando que “tratándose de una promoción entre funcionarios para el acceso a plazas de oficial, no resulta contrario a la Constitución, sino concorde con ella, dado el mandato constitucional de favorecer la promoción mediante el trabajo”.
El Sindicato Andaluz de Funcionarios ha exigido a la UMA que, a la mayor brevedad, convoque el concurso de traslados para el personal funcionario y no alargue
más esta vulneración de derechos recogidos en la propia Constitución y en el resto de normativa vigente.

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