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Cuando lo visceral se antepone a la razón
Rafa Calasanz. 13.02.12 
Las reacciones por la condena al juez Garzón están llegando a unos límites que empiezan a ser  preocupantes y peligrosos. Líderes “democráticos” que están ahí por haber aceptado las normas que nos hemos dado y por ello han tenido la posibilidad de ser elegidos, demuestran una enorme irresponsabilidad por sus duras declaraciones contra un tribunal que ha tomado una decisión acorde al derecho aunque a ellos no les haya gustado. Parece como si España a partir de ahora se quedara sin magistrados para llevar adelante la ingente cantidad de causas que abarrotan los juzgados, incluido el caso Gurtel.  El juez Garzón se salto la legislación penitenciaria y además tuvo la torpeza de no saber frenar las filtraciones que a la prensa llegaron de esas conversaciones entre abogado y preso, y claro está, estos últimos dedujeron que lo que a la prensa se filtró sólo podría haber salido de un lugar, de las cabinas o salas de visitas de la penitenciaría. Y como la ley es muy diligente en ese aspecto (la confidencialidad entre abogado y cliente) el bufete de abogados madrileños vio las puertas abierta para inhabilitar a Garzón por prevaricación, un delito muy grave.

Los que quieran ver otra interpretación en la sentencia, por cierto, unánime, del tribunal supremo, les están diciendo a la sociedad que la violación de derechos y garantías constitucionales puede ser alterada dependiendo de los intereses de un sujeto o del momento más oportuno o conveniente. Lo que sí queda claro, es que este juez no es la primera vez que ordena este tipo de escuchas fuera de las excepcionales por casos de terrorismo. Entonces deberíamos preguntarnos, dónde está el límite y quién nos garantiza esos derechos que emanan de nuestra Constitución si como ha quedado claro quienes deberían velar por ellos, los jueces, los violan. Y tranquilos, que la justicia es lenta pero segura, y los de la Gurtel caerán, a pesar de la torpeza manifiesta, al igual que los de otros casos como el de los ERES en Andalucía. 

A título personal nunca me gustaron los jueces que desde un poder accedían a otro, del judicial al político, síntoma, para mí, de una ambición desmesurada por medrar en las cimas de decisión de todo un país. Eso sí, no me importaría si anunciaran o se les obligara al abandono de forma permanente de la judicatura. De lo contrario, entre otras cosas, su contaminación ideológica quedará palpable y pública para el resto de su carrera una vez vuelvan a su anterior empeño, aplicar la ley, donde su obligada independencia quedaría en entredicho. Y como hemos comprobado con este juez, en muchas de sus decisiones han primado intereses tanto ideológicos como de grandes corporaciones.

Se me viene a la cabeza, por ejemplo, la persecución que padeció el juez Gómez de Liaño por enfrentarse al todopoderoso grupo Prisa del difunto Polanco, utilizando este último al juez Garzón como brazo ejecutor. Consiguieron la inhabilitación del compañero de Garzón, Liaño, aunque años después el tribunal de derechos humanos de Estrasburgo le resarció de toda culpa. O los últimos escarceos con las mayores empresas y bancos en la causa de los cursos de Nueva York patrocinados por estos mismos, con petición económica del propio Garzón “juez – magistrado” para costear sus honorarios, para posteriormente no inhibirse en casos en los que estos  (Banco Santander) eran parte demandada. Una causa de una enorme gravedad para mi, aunque el delito por ello, el de cohecho impropio, este poco penado en nuestra actual legislación.  Pienso por todo ello, que no es oro todo lo que reluce entre tanta apariencia.  

Rafa Calasanz
rafacalasanz@hotmail.com
              

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