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Entrevista sobre la sentencia de cierre de las cuatro canteras


 Germán Carrasco. Director gerente de la empresa de áridos
 Compañía General de Canteras -Taralpe-

Federico Ortega. De todos los empresarios de las canteras de Alhaurin de la Torre, Germán Carrasco es posiblemente el más culto, el más refinado, un licenciado en Químicas, con el que se puede hablar y discrepar sobre el tema de las canteras y seguir tomando café sin que se alteren los ánimos. Es también el único empresario de las canteras que conozco, que desde hace tiempo viene diciendo y practicando en su empresa, que las explotación de las mismas tendría que haber cambiado hace tiempo. Evidentemente está trabajando en los áridos para ganar dinero, pero no a toda costa, lo he podido comprobar personalmente. Alhaurin.com hizo hace tiempo una visita a la cantera restaurada por su empresa en Mijas, invitado por el Sr. Carrasco, y pudimos comprobar los buenos resultados de dicha restauración. Agradecemos a Germán Carrasco que haya aceptado la invitación de este periodico para dar su versión sobre el tema que nos ocupa: la situación creada a raíz de la sentencia judicial que decreta el cierre de cuatro canteras, entre ellas, la que él dirige.
 

- ¿Por qué cree Vd. que ha tenido que ser la justicia quien zanje la problemática de las canteras?  ¿No había forma alguna de ponerse de acuerdo sin tener que acudir a los tribunales? ¿Por qué se ha llegado a esta situación?

     

- La justicia aún no ha zanjado esta problemática. La sentencia del Tribunal Superior, que hace firme la del juzgado nº 4 dice claramente que se nos ha de permitir regularizar la situación administrativa de la misma. Además, nuestros abogados presentaron la semana pasada Recurso de Amparo al Tribunal Constitucional, así como la suspensión cautelar de la ejecución de esta sentencia.

 

Hay un acuerdo previo a la sentencia del Tribunal Superior. En Enero de 2004 se firma por las administraciones competentes, Junta de Andalucía representada por los Delegados de Industria y Medioambiente, empresas y sindicatos un Protocolo en el que se establecen una serie de compromisos, no solo de regularización de los expedientes administrativos, sino también de criterios estrictos medioambientales, de explotación de recursos, de seguridad y de actuaciones sociales. Todo ello dentro del más absoluto cumplimiento de la legislación vigente.

 

Este Protocolo tiene su raíz en la Mesa convocada por la Cámara de Comercio en Noviembre de 2001. A esta Mesa fueron invitados las dos Administraciones con competencia en la materia, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Alhaurín, Partidos Políticos, PSOE, PP, PA e IU, transportistas representados a través de Fetrama, empresas extractivas representadas a través de Anefa y Asociación de Empresas Extractivas de Málaga, Asociaciones empresariales como la CEM y Adicat, sindicatos, CCOO y UGT, y también la Plataforma en Defensa de la Salud y de la Sierra. Como verá, se estableció una Mesa en la que cupieran todas las opiniones al respecto para analizar en profundidad toda la problemática. En la primera reunión de la misma, los representantes de la Plataforma y de IU, manifestaron su intención de no participar en las reuniones siguientes.

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Como sabe, este Protocolo fue aprobado en el Pleno del Ayto de Alhaurín de la Torre y llevado a los tribunales por la Plataforma, y algunos dirigentes de IU y PSOE local. Señalar la incongruencia de estos dirigentes locales en su forma de proceder con la línea de sus partidos que en otros foros regionales y nacionales hacen referencia a la necesidad inexcusable de una minería sostenible, que es la acordada en el Protocolo y contenida en el Plan de Ordenación ya consensuado.

 

No podemos admitir, pues, que no  existan acuerdos para solucionar esta problemática, pero es muy difícil llevarlos a cabo cuando a cada paso que se da hay quien acude a los Tribunales.

 

- Una vez que el Ayuntamiento decrete el cierre de las explotaciones, que ordena el juez, ¿Será el momento de sentarse a la mesa o ya  está todo dicho?.

    

- La aplicación del Protocolo firmado en Enero de 2004, al que ya he hecho referencia, sigue siendo la vía de solución a esta problemática. 

Hay que tener en cuenta una serie de consideraciones que son importantes. Los áridos son recursos indispensables para el desarrollo de cualquier sociedad, creo que esta afirmación es fácilmente comprensible. Como dato indicarle que el consumo por habitante en Málaga es del orden de las 12 Toneladas por persona, es decir, es el recurso más consumido detrás del agua. Pero además son recursos estratégicos, es decir, dado que son indispensables, ningún país tiene estos recursos en manos de otros países. Por otro lado, los áridos no están en cualquier sitio sino donde la naturaleza los pone.

Pues bien, entendido esto, el Protocolo reconoce en sus preámbulos esta consideración de recurso estratégico. Además los estudios de los organismos competentes reconocen que  no existe otra alternativa que no pase por las explotaciones de Alhaurín de la Torre. 

Evidentemente las explotaciones no pueden llevarse a cabo de cualquier forma y por ello se ha consensuado un Plan de Ordenación Minero, enmarcado en una filosofía de desarrollo minero sostenible, que contiene los más estrictos requerimientos en materia medioambiental y social. Los empresarios han visto disminuida sensiblemente las superficies de explotación y han de realizar inversiones muy importantes y están dispuestos a hacerlas como lo han estado hasta ahora, pero es necesario obtener las autorizaciones necesarias en un ambiente normal, como en cualquier otra actividad, hecho que hasta la fecha ha sido imposible por la judicialización de toda la situación al que algunos dirigentes locales de IU y PSOE  la han llevado para conseguir sus intereses políticos personales de acceso a la alcaldía. 

Evidentemente y, como no puede ser de otra forma, el Ayuntamiento decretará el cumplimiento de la sentencia producida en 1ª instancia judicial, y paralizarán la extracción, pero la demanda de áridos seguirá e incluso crecerá por encima de la actual dado el gran número de obras a acometer en el área metropolitana de Málaga , Aeropuerto, Puerto, Metro, Autopista,.. 

Le aseguro que no hay alternativa a los 10.000.000 Tm que produce Alhaurín y, por tanto, será necesario continuar con las soluciones de consenso ya firmadas.

 

-La Junta de Andalucía dice que el Ayuntamiento puede dar de nuevo las licencias y éste dice que está atado legalmente y no puede hacerlo. A su vez el Ayuntamiento declara que es la Junta quien si quiere puede concederlas. ¿No parece que los dos quieren darlas pero no se atreven? Dénos su opinión sobre este galimatías con palabras que entiendan los lectores de Alhaurin.com.

 

- No es así en absoluto. Como ciudadano decirle que no podemos estar poniendo constantemente en cuestión lo que nuestros representantes electos hacen como interesadamente intentan algunos sectores comunicar.

Yo lo veo de la siguiente manera : he explicado en la repuesta a la pregunta anterior que los áridos son recursos indispensables y estratégicos y hay dos Administraciones, con sus respectivas competencias en la materia, que han realizado un estudio de la situación y han decidido con responsabilidad buscar una solución, no de cualquier manera, sino con los más estrictos controles en todos los aspectos, que se ha plasmado en el Protocolo que apuesta claramente por un desarrollo minero sostenible y socialmente responsable

- Siguiendo con el tema de las licencias. Si la Junta o el Ayuntamiento dan un rodeo legal para concederlas. ¿No sería un fraude para con el dictamen actual del Tribunal Superior  de Andalucía ?

 

 - En absoluto se puede hablar de fraude ni de rodeo legal.

La Sentencia del Tribunal Superior de Andalucía hace firme la sentencia del juzgado de Primera instancia. A este Juzgado, ya la Plataforma le pidió que se pronunciase sobre una posible regularización futura de las licencias de extracción y transcribo textualmente lo que dice :

 

“ Lo que no puede este órgano jurisdiccional en este procedimiento es pronunciarse sobre la imposibilidad de una futura legalización de la actividad por prohibirlo la actual normativa urbanística, pues así como la cesación de actividad sin licencia es consecuencia ineludible del art. 250-1 TRLS, el mismo precepto establece la posibilidad de que el interesado solicite licencia o ajuste la actividad a la ya concedida en el plazo de dos meses, trámite que preceptivamente se debe posibilitar y que será entonces y en su caso revisable ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa...”

 

Es decir, independientemente de las afirmaciones que constantemente se han vertido a los medios de comunicación y por mucho que se hagan por algunos interesados, tenemos derecho a regularizar la licencia de extracción, tenemos un plazo de dos meses para hacerlo y sigo pensando que la solución a todo este conflicto pasa por un acuerdo entre todas las partes.

 

Decir también que la sentencia reconoce al mismo tiempo que la licencia de tratamiento es válida, por lo que la paralización en su caso solo afecta a la extracción de áridos.

 

- En caso del cierre definitivo de las cuatro canteras ¿Qué repercusiones tendrían (negativas y positivas) para el futuro de Alhaurín de la Torre. Nótese que le pregunto por nuestro pueblo, dejando al margen la Costa del Sol.

 

- Sin hablar de la repercusión que tendrá sobre los trabajadores residentes en Alhaurín, habrá repercusiones directas económicas a gran cantidad de pequeños negocios en el pueblo : almacenes, talleres, restaurantes, construcción,.....

 

Por otro lado, Alhaurín no es algo aislado de la zona de la Costa del Sol. Un impacto importante sobre la construcción, pilar fundamental de la economía de la zona junto al turismo, tendrá repercusiones, también en Alhaurín. Hay un gran número de habitantes del pueblo que directa o indirectamente dependen de este sector.

 

-Nadie o casi nadie ha hablado hasta ahora del tema de la restauración de las cuatro canteras. ¿Puede darnos su opinión al respecto?

 

- La restauración de las canteras es una obligación legal. Todas las canteras tienen aprobados sus Proyectos de Restauración y depositados los correspondientes avales para asegurar que esta se haga. Es más, de acuerdo con la legislación vigente, son las empresas titulares de los derechos mineros los que han de realizarla, y solo si éstas se niegan puede hacerlo la administración con la ejecución de los avales. 

En el caso de Taralpe, el aval depositado es de 2,329 millones de euros ( aproximadamente 400 millones de las antiguas pesetas), e independientemente de lo que se dice, se han ido restaurando zonas de explotación terminadas. Así, puedo decirle que actualmente hay más de 12 Has restauradas y se han sembrado, en los últimos años, más de 14.000 pinos y otras especies.  

Comentar también que la Restauración de los espacios afectados no consiste única y exclusivamente en la plantación de especies, sino también en la adecuación de taludes con criterios de estabilidad geotécnica. La restauración debe llevarse a cabo teniendo en cuenta el uso final de los terrenos.

Aunque algunos se empeñan en decir que la situación de la Sierra afectada por las explotaciones es irreversible, solo hay que pasarse por la otra vertiente de la montaña, Mijas,  y ver las restauraciones que allí se están realizando.

Evidentemente, la mano de obra necesaria para ello es infinitamente menor. Solo quien no conoce el sector puede sostener lo contrario. 

 

. Haga un pronóstico de lo que puede ocurrir. Los diferentes escenarios a que puede llevarnos este tema de las cuatro canteras.

 

- Sin duda el mejor escenario es la aplicación del Protocolo firmado en Enero de 2004 en todos sus aspectos : empleo, explotación minera sostenible de los recursos, criterios medioambientales, y de responsabilidad social , entidades de control,..

 

- Por último ¿Desea añadir algo a lo dicho con anterioridad y que no ha tenido oportunidad de expresarlo?

 

- Decirle que la actividad de las canteras es perfectamente compatible y mejora la estructura social de Alhaurín, que no debe transformarse única y exclusivamente en una ciudad dormitorio . En muchos casos se demuestra perfectamente esta compatibilidad, piense en Macael por ejemplo. Sólo se necesita voluntad y un clima de diálogo y consenso que de lugar a una seguridad jurídica para que las empresas puedan realizar todas las inversiones necesarias en todos los órdenes, y entre ellos como no puede ser de otra forma en materia medioambiental. 

 

Federico Ortega. Noviembre de 2005

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