Villanova ha recordado que desde hace meses, las empresas extractivas no cumplen con las normativas fiscales de reciente creación, con la excusa de que está recurrido el último canon –50 pesetas por tonelada-, por lo que tampoco se ingresa en las arcas municipales el canon anterior de diez pesetas por tonelada.

Asimismo, el alcalde insiste en la necesidad de que estas empresas cumplan con las normativas municipales de medio ambiente, en las que se otorga un plazo de dos años para el cumplimiento del pliego del nuevo reglamento, sin que hasta el momento se haya hecho nada al respecto por parte de los empresarios del árido.

Villanova ha indicado que la presencia de las canteras en la sierra, además, supone al Ayuntamiento un gran coste económico en prestación de servicios (máquinas barredoras en uso cada día, vuelos para tomar fotografías aéreas de las canteras...) y en deterioro de las infraestructuras viarias y del paisaje (carreteras en mal estado, necesidad de que el Ayuntamiento repueble y cree zonas verdes, pues las canteras no reforestan...)

El alcalde, igualmente, criticó con dureza la aportación de un millón de pesetas por parte de algunas empresas extractivas a las familias necesitadas del municipio, medida que fue anunciada por ellos en algunos medios de comunicación, pero que “supone una tomadura de pelo, porque parecen querer dar al pueblo las migajas y encima, quedar bien”. Villanova aseguró que, a pesar del acuerdo alcanzado entre los empresarios y el sector de los transportistas sobre las tarifas del transporte hace casi tres años (conversaciones en las que estuvieron presentes ADICAT y el Ayuntamiento), en la actualidad este convenio no se está cumpliendo por parte de la patronal, “que están sobreexplotando a los camioneros”.

El máximo mandatario local entiende que demás de todas estas molestias, son los responsables municipales los que tienen que dar la cara ante los vecinos y arbitrar en un conflicto en el que la posición del Ayuntamiento está muy clara, “mientras que la Junta de Andalucía parece estar dispuesta a incumplir hasta sus propias normas”, en clara referencia al permiso de investigación minera Jarapalos 6408, que está totalmente caducado, tal como figura en un decreto de Alcaldía de 7 de diciembre. El senador señala que las canteras cada vez obtienen mayores beneficios con la venta del árido, que en poco tiempo ha cuadruplicado su precio; califica de “escándalo” el hecho de que ahora la Junta autorice nueve explotaciones más, sobre 72 cuadrículas mineras, lo que equivale a toda la superficie serrana.

Asimismo, tanto el alcalde como los servicios jurídicos municipales aseguran que la concesión de nuevas canteras iría en contra de las Normas de Planeamiento del municipio que en su momento fueron ratificadas por la Junta, por lo que iría en contra de sus propias resoluciones. Finalmente, Villanova ha advertido que de seguir la Junta adelante con la concesión de licencias para nuevas canteras, además de negarse a conceder las licencias municipales  -única potestad que compete al Ayuntamiento-, ha anunciado su intención de acudir a los tribunales, e incluso a Estrasburgo (Tribunal de Justicia de la Unión Europea).