|
|
|
La PDS cree «errónea» la decisión del fiscal
y le insta a que rectifique
J. S. C. 26.04.00.- La Plataforma en Defensa de la Salud y la Sierra (PDS) considera «errónea» la decisión de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Málaga, de archivar la denuncia penal que este colectivo había presentado en relación con supuestos delitos medioambientales de la actividad minera y de prevaricación. El portavoz de la PDS, Juan Piña, aseguró ayer en rueda de prensa que el archivo de las diligencias es fruto de un «cúmulo de errores», por lo que, a través del abogado de la coordinadora, Francisco Galán, se ha hecho saber al fiscal «para que rectifique».
Piña entiende que los argumentos esgrimidos por el ministerio público para desestimar la denuncia al no constituir infracción penal, «son falsos: las canteras no tienen licencia de apertura en el 90 por ciento de los casos, y las que las tienen son nulas de pleno derecho».
Sobre el presunto delito contra la ordenación del territorio, la Fiscalía aseguró que las instalaciones denunciadas son anteriores a la entrada en vigor del código actual, por lo que las nuevas leyes no son aplicables a la explotación de estas plantas mineras. A este respecto, Piña defiende que «desde que hay ley, hay delito». Los denunciantes presentaron además una denuncia por presunta prevaricación continuada si bien, el ministerio público «no dice ni una palabra al respecto».
Por su parte, el abogado de la PDS recordó que aún sigue abierto el recurso contencioso-administrativo también relativo al conflicto de las canteras, del que se espera que prospere. «Si se demuestran irregularidades en el proceso penal, habrá que plantear nuevas medidas», advirtió.
Cierre cautelar
Entre ellas, la coordinadora plantea el cierre cautelar de todas las explotaciones mineras durante el tiempo que dure el proceso. Por lo pronto, para el mes de mayo se espera una respuesta sobre este recurso y, entonces, la PDS también pedirá que se complete toda la documentación requerida en el expediente municipal.
La PDS, denunció, además, que existen en España dos casos idénticos -el pueblo granadino de Padul y un municipio de las Islas Baleares-, en los que la Justicia ordenó el cierre de canteras por delito contra el medio ambiente, a instancia de los ayuntamientos. «Esos mismos criterios tienen que ser aplicados aquí», expresó Galán.
En un sentido más contundente, el letrado aconseja que la plataforma presente una querella criminal contra las instituciones implicadas, dado que, «como los procedimientos empleados hasta ahora no permiten realizar investigaciones a los particulares, por medio de otras vías se abriría tal camino». Asimismo, anima a los ciudadanos que lo deseen a que presenten demandas civiles contra las canteras, el Ayuntamiento y la Junta por «los perjuicios directos» que causa la actividad minera. Izquierda Unida, formación adscrita a la PDS, comparte todas estas tesis.
