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Artículos sobre las canteras aparecidos en el diario EL PAÍS
Caducidad de una cantera de Alhaurín
La Consejería de Empleo ha comunicado al Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre la caducidad de la autorización de explotación de una de las siete canteras situadas en la sierra de este municipio malagueño.
El fiscal ordena una nueva investigación sobre las canteras de Alhaurín
La Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga ha remitido al Juzgado de Instrucción número 8 de Torremolinos las denuncias presentadas por la Plataforma en Defensa de la Salud y la Sierra de Alhaurín de la Torre sobre la supuesta actividad ilegal en algunas canteras del municipio. La plataforma ya hizo una primera denuncia sobre tres canteras, pero no prosperó tras una consulta de la Fiscalía a la Junta. El fiscal ha remitido ahora el caso al juzgado.
La plataforma anunció ayer que planteará demandas civiles contra el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre y contra la Junta de Andalucía por los daños provocados por las plantas extractivas.
El abogado del colectivo, Francisco Galán, advirtió de que en la actuación de la Administración respecto a las canteras 'se aprecian posibles presuntos delitos de prevaricación por omisión, contra el medio ambiente, de tráfico de influencias y de falsedad documental'.
El presidente de la plataforma, Juan Piña, invitó a los vecinos de Alhaurín a solicitar compensaciones económicas por los daños que las canteras han producido tanto a la salud como a las viviendas.
Unos 200 trabajadores de las siete canteras de Alhaurín de la Torre (Málaga) iniciaron ayer una huelga indefinida convocada por CC OO. Piden que la Junta de Andalucía y el ayuntamiento del pueblo abran una negociación que aclare la 'situación de incertidumbre' creada en el sector después de una sentencia judicial que declara ilegales a cuatro de estas siete compañías. Las siete canteras de Alhaurín de la Torre producen el 80% del árido que se consume en la provincia de Málaga, un material principalmente destinado a la construcción. Los trabajadores fueron recibidos ayer por el alcalde Joaquín Villanova y esperan reunirse con la delegada de Empleo, Isabel Muñoz.
Canteras ilegales en Alhaurín de la Torre Miércoles, 7 de noviembre de 2001
Esta cantera que produce daños como microseísmos por las explosiones; gran cantidad de polvo en suspensión; 3.000 camiones diarios de gran tonelaje circulando por la población, etcétera, está a mucho menos de dos kilómetros de la población. La Sierra de Mijas, cuya cara norte es la de Alhaurín, es una zona considerada pulmón de Málaga. Hay animales salvajes como cabras y gran variedad de aves. Y es una zona rica en aguas subterráneas, que tanto echamos en falta en épocas de sequía. Grandes obras faraónicas como la ampliación del Puerto de Málaga, el proyecto de la desembocadura del Guadalhorce, el AVE a Málaga, y las autovías y autopistas de la Costa del Sol, están saliendo de nuestra querida Sierra.
Renovación de licencias
Las licencias municipales para la extracción de áridos en Alhaurín de la Torre (Málaga) deberán ser renovadas cada año, un requisito inexistente en los casi treinta años que llevan abiertas algunas canteras. Esta nueva norma de regulación del uso extractivo, plasmada por la Comisión Provincial de Urbanismo en el Boletín Oficial de la Provincia, incluye tanto a las explotaciones existentes como a las que pretendan iniciar la actividad.
El ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, regido por Joaquín Villanova (PP), aprobó este reglamento específico dentro de la revisión de las normas subsidiarias, que marcan las directrices urbanísticas en municipios que carecen de Plan General de Ordenación Urbana. Según el nuevo precepto, las empresas deberán solicitar cada año la renovación de sus licencias. Para conseguirlo, tendrán que adjuntar el plan de labores previsto para la temporada, la justificación de los trabajos realizados en el ejercicio anterior así como las obras de reposición ambiental que se estén ejecutando, en este último caso cuando la actividad minera haya concluido.
La Asociación de Fabricantes de Áridos de Málaga mostró su malestar por esta medida y aseguró que presentará alegaciones, ya que 'nunca ha sido necesario renovar las licencias'. El colectivo de empresarios del sector cree que este requerimiento presenta costes adicionales por la documentación que han de presentar y crea una situación de incertidumbre al ser examinados cada año.
La Plataforma en Defensa de la Salud y la Sierra, en contra de la actividad extractiva, se ve ahora con más fuerza que nunca después de que una sentencia de lo Contencioso Administrativo haya declarado a mediados de septiembre 'ilegales y clandestinas' a cuatro de las siete canteras que hay en Alhaurín de la Torre (Málaga). Los empresarios aún están sorprendidos por dicha resolución y CC OO anuncia una huelga que paralizará el sector en la provincia. Los canteros se reunirán próximamente con la delegada de Empleo, Isabel Muñoz para tratar el tema.
Los vecinos de Alhaurín han dado una vez más la espalda a las canteras, a las que acusan de provocar un daño ambiental irreparable al pueblo y sus habitantes. Empresas privadas homologadas por la Junta realizan mediciones de polvo cada tres años en las explotaciones. Las canteras conocen con un día de antelación que van a ser inspeccionadas y, según la delegación de Medio Ambiente en Málaga, los límites permitidos -300 microgramos de polvo por metro cúbico- no han sido rebasados en Alhaurín. No obstante, 'aunque el límite legal sea 300, valores entre 200 y 250 molestan a las personas de igual modo que el polvo que hay en las ciudades', precisan fuentes de la delegación.
Ayer, 300 personas se manifestaron para solicitar el cierre de las explotaciones a raíz de la sentencia que así lo estipula. La plataforma ha convocado el próximo 10 de noviembre una nueva manifestación en forma de caravana de automóviles en la capital Málaga. El ambiente de crispación se eleva sin que aparezca atisbo de solución a corto plazo.
El ayuntamiento, con mayoría absoluta del PP, ya denegó la clausura por las posibles reclamaciones económicas de los canteros, ya que la resolución judicial no es firme. Además, el Gobierno municipal eludió las competencias para decretar el cierre y apuntó a la Junta de Andalucía.
Al menos tres de las cuatro explotaciones afectadas -El tronconal, Pinos de Alhaurín y Taralpe- han presentado recurso y han adjuntado toda la documentación que poseen al juzgado número 4 de lo Contencioso Administrativo. Así lo corrobora Carlos Ramírez, gerente de la Asociación de Fabricantes de Áridos (AFA) de Málaga. Este colectivo no pudo precisar si los responsables de la cantera Retamero han recurrido la sentencia. Las cuatro firmas declaradas 'ilegales' producen 7,5 millones de toneladas de un total de 10 millones de toneladas en la provincia.
En el proceso judicial abierto, en el que el Ayuntamiento fue demandado y tuvo que aportar los expedientes de las canteras para certificar que éstas poseían licencia, se da la circunstancia de que existe un vacío documental en los archivos municipales desde 1981 a 1986, hechos de sobra conocidos y comentados en el pueblo.
La AFA de Málaga echa la culpa del conflicto a la expansión urbanística del municipio en los últimos años hacia la zona de las canteras. La ley dispone que las explotaciones no estén a menos de 2 kilómetros de los vecinos y actualmente existen viviendas a 600 metros.
Por su parte, la plataforma vecinal sostiene que la explotación Pinos de Alhaurín, la más cercana a las casas, sólo tiene licencia para trituración y clasificación de áridos, lo que corrobora la resolución judicial, que añade textualmente que 'en la memoria presentada expresamente se afirmaba que no se consideraba para nada la extracción de material que se realiza en otro frente de cantera'.
El representante de los vecinos, Juan Piña, también denuncia que esta cantera está situada sobre suelo verde de la urbanización que lleva el mismo nombre que la planta minera. Carlos Ramírez desmiente este dato rotundamente y asegura que la cantera tiene archivadas cuatro querellas por ocupación de suelo verde y que obtuvo licencia de extracción.
Las siete explotaciones ubicadas en el municipio abastecen al 80% de las obras que se realizan en Málaga y alcanzan una facturación de entre 6.000 y 8.000 millones de pesetas. El colectivo vecinal sitúa la cifra en 12.000 millones. El responsable de la cantera El tronconal, Francisco Sánchez, afirma que todo el sector de Málaga apoyará la huelga del 6 de noviembre. Sánchez asegura que la delegada de Empleo en Málaga, Isabel Muñoz, se reunirá en breve con ellos para tratar la situación de unas empresas que suministran material a las grandes obras de infraestructura de la provincia y al desarrollo urbanístico de la Costa del Sol hasta Fuengirola.
Los canteros estiman que sólo existe un problema de tráfico, ya que los camiones cargados de arena pasan por una travesía que cruza el pueblo y que es la única salida hacia la Costa del Sol. La plataforma estima que unos 5.000 camiones circulan cada día por dicha vía.
Aumenta la movilización contra las canteras de Alhaurín de la Torre
La desesperación de los vecinos de Alhaurín de la Torre va en aumento. Ayer, unas 300 personas salieron a la calle para pedir por enésima vez el cierre de una actividad que tiene lugar en la Sierra de Mijas y que, según la Plataforma en Defensa de la Salud y la Sierra, provoca un grave daño ambiental. Los ciudadanos piden la aplicación de una sentencia, que no es firme, pero que declara 'ilegal y clandestinas' a cuatro de las siete explotaciones que hay en la zona, que suministra material al 80% de las obras de la provincia. CC OO ha convocado una huelga indefinida a partir del 6 de noviembre. Los canteros siguen sorprendidos por la sentencia y aseguran que su situación es legal. Se reunirán con la delegada de Empleo, Isabel Muñoz, para tratar el tema.
El alcalde de Alhaurín propone eliminar en cinco años las canteras
El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova (PP), presentará el próximo viernes en la comisión municipal de gobierno un plan con el que pretende 'solucionar de manera definitiva' el problema de las canteras, y que busca la eliminación de las explotaciones en un plazo de entre tres y cinco años.
Esta iniciativa, en la que, según fuentes municipales, se ha trabajado 'durante varias semanas', plantea 'la necesidad de hacer desaparecer la actividad minera de nuestra sierra'. La iniciativa del equipo de gobierno de Alhaurín de la Torre toma como base el proyecto de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta y el Grupo de Trabajo Provincial, que ha elaborado un Plan de Ordenación de Canteras que prevé la reubicación de las plantas mineras en un plazo de 20 años.
Sobre este documento, el consistorio plantea 'reducir ese plazo a un máximo de cinco años, aplicando durante este tiempo las normas previstas en ese plan'. Además, el consistorio insistirá en que la Mesa de Trabajo inste a la Junta a 'buscar otro emplazamiento para las canteras y que se puedan cerrar las de Alhaurín de la Torre, previa restauración de las superficies de sierra afectadas'. Para ello se plantea la necesidad de colaboración de todas las administraciones.
El PP bloquea el
cierre cautelar de las canteras ante posibles reclamaciones
Una
sentencia ilegalizó cuatro explotaciones de Alhaurín de la Torre
El PP usó ayer su mayoría absoluta (9 ediles de 17) en el ayuntamiento de Alhaurín de la Torre (Málaga) para que la institución no pida al juzgado número 4 de Málaga el cierre cautelar de cuatro de las ocho canteras que realizan su actividad en la sierra del municipio y que habían sido declaradas ilegales por la citada sala. El equipo municipal esperará una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ya que si el TSJA restituye la actividad, 'el consistorio afrontará las reclamaciones por el cierre'.
El pleno extraordinario de ayer dirimía si el consistorio ha de solicitar al juzgado de instrucción 4 de Málaga la aplicación de la sentencia del pasado 5 de septiembre por la que declaraba ilegales las canteras Retamero, Taralpe, Pinos de Alhaurín y el Trocornal. Las medidas cautelares supondrían el cierre provisional de los cuatro yacimientos mencionados.
El equipo de Gobierno decidió no tomar medidas hasta obtener una sentencia firme del TSJA, ya que el consistorio 'debería afrontar las reclamaciones de las empresas' en caso de que el alto tribunal cambiara el sentido de la actual sentencia, argumentó el alcalde Joaquín Villanova.
Además, el grupo popular sostuvo que ha de ser el favorecido el que mueva pieza ante los juzgados y no el consistorio, que 'en este caso es el perjudicado'. En el dilatado litigio sobre la actividad minera en la localidad, una serie de asociaciones vecinales e IU demandaron al ayuntamiento por desoír una solicitud de cierre de las canteras por carecer de licencia de apertura.
El portavoz del PSOE, Carlos Martínez afirmó que en caso de que las empresas deban ser indemnizadas por el paro, es la administración de Justicia la responsable de los gastos. El edil de IU, Fernando Antiñolo, aseguró que la plataforma ciudadana y su partido (personados en el litigio) sí pedirán la aplicación de la sentencia.
El PP y el Grupo Mixto también se opusieron a que la Fiscalía de Medio Ambiente investigue los daños que puedan producir estas actividades declaradas ilegales por el juzgado.
Por otra parte, el ayuntamiento investigará el duplicado de licencia presentado por la empresa Sando (que explota la cantera del Trocornal) en su recurso judicial. Los grupos municipales entienden que hay dudas sobre la existencia de dicho permiso, ya que en los archivos del consistorio no consta que se expidiera. Además, desde 1981 a 1986 existe un vacío documental en los fondos municipales.
Los vecinos de Alhaurín actuarán por la vía penal contra las canteras
La sentencia de cierre dictada por un tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Málaga contra cuatro canteras ilegales de Alhaurín de la Torre ha sentado un precedente que los vecinos no piensan desaprovechar. La Plataforma en Defensa de la Salud y la Sierra, integrada por colectivos vecinales, ecologistas e IU anunció ayer su decisión de exigir responsabilidades penales 'tanto a las empresas extractivas como a los funcionarios de las administraciones que han colaborado en mantener esta situación de ilegalidad', según dijo ayer su presidente, Juan Piña.
La sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Málaga decreta el cierre de cuatro de las ocho canteras que funcionan en la localidad, de las que han salido en los últimos años materiales de construcción para importantes obras públicas en la provincia.
La Plataforma, que lleva años solicitando al Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre -gobernado por Joaquín Villanova, del PP- el cierre de las explotaciones, decidió recurrir a los tribunales ante el silencio administrativo del equipo de gobierno, que permitía a las empresas continuar con su actividad.
Los canteros recurriránEl tribunal ha desestimado otras tres peticiones de cierre y la Asociación Nacional de Fabricantes de Áridos (ANEFA) ha anunciado que recurrirá la sentencia porque, afirman, 'el juez no ha tenido en cuenta el marco legal existente en el momento del otorgamiento de las licencias'.
ANEFA asegura también que 'las cuatro canteras cerradas cuentan con todos los permisos necesarios para su actividad' -según la sentencia, ninguna de ellas está en poder de la preceptiva licencia municipal para la extracción; licencia que sólo se pidió en uno de los casos, y con respuesta negativa. Una de ellas ni siquiera dispone de permiso para el tratamiento posterior de los áridos-.
La Plataforma también ha anunciado que pedirá indemnizaciones individuales para todos los vecinos afectados por las consecuencias de tener canteras activas cerca de sus casas, y anuncia que demandará como responsables civiles subsidiarios al Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre y a la Junta de Andalucía, administraciones a las que los vecinos acusan de 'haber consentido, cuando no amparado, esta situación irregular'.
Piña se mostró especialmente duro con el ayuntamiento: 'Durante todo este tiempo', dijo, 'el ayuntamiento ha estado defendiendo que las canteras tenían licencia de apertura pese a que sabía mejor que nadie que no era cierto, ya que es la administración competente para otorgar las licencias. Pero, no contento con eso, el alcalde ha gastado millones de pesetas del presupuesto municipal para pagar abogados que han defendido los intereses de los canteros en contra de los de los propios ciudadanos'.
El juez ordena el cierre de cuatro canteras en Alhaurín de la Torre por ser ilegales
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Málaga ha ordenado el cierre de cuatro de las ocho canteras que funcionan en Alhaurín de la Torre por carecer de licencia municipal para la actividad extractiva. Esta sentencia responde a una demanda interpuesta por la Plataforma en Defensa de la Salud y la Sierra, integrada por vecinos, ecologistas e IU, que lleva años solicitando al ayuntamiento la clausura de las explotaciones.
Ante la falta de respuesta del ayuntamiento, en 1999 los vecinos recurrieron a la vía judicial. Ahora, el juez ha decretado el cierre de las canteras Retamero 36, Taralpe 43, Pinos de Alhaurín 144 y El Trocornal. Las tres primeras sólo tenían licencia para el tratamiento posterior a la extracción, pero no para cantera. El Trocornal funcionaba sin licencia alguna. El juez ha desestimado la petición de cierre para el resto de las explotaciones, aunque la sentencia reconoce que sólo dos de ellas, Sierra Llana y El Pinar, tienen licencia para la extracción. El juez exime de responsabilidad al Ayuntamiento de Alhaurín, gobernado por el popular Joaquín Villanova, quien ha anunciado que no ordenará el cierre de las canteras 'hasta que la sentencia sea firme' -las partes disponen de 15 días para recurrirla-.
Pero los vecinos ya han advertido que, con esta sentencia, 'el caso no ha hecho más que empezar'. Ayer, la Plataforma por la Salud y la Sierra anunció nuevas acciones legales. 'En principio', enumeró su abogado, Francisco Galán, 'pediremos la ejecución provisional de la sentencia, y solicitaremos al Ayuntamiento que declare nulas de pleno derecho las licencias que permiten operar a las otras canteras'.
Otra medida que se baraja es la de exigir al ayuntamiento indemnizaciones individuales para los vecinos por los perjuicios ocasionados al medio ambiente y a la salud por la actividad de las canteras. 'También esperamos la actuación de la Junta y del Fiscal de Medio Ambiente', señalaron los vecinos, quienes destacaron las 'tremendas presiones' que han soportado durante el tiempo que ha durado el proceso.
La proyectos de
nuevas canteras en Alhaurín indigna a vecinos y ecologistas
Las
empresas existentes no cubren la demanda
La polémica sobre las canteras es recurrente en Málaga. Periódicamente, vecinos de Alhaurín de la Torre, un pueblo residencial cercano a la capital, protagonizan protestas contra una actividad que consideran nociva para el entorno. Pero frente a sus movilizaciones está el tirón de la construcción: la costa crece y demanda áridos. Las grandes obras de la provincia, como el encauzamiento del río Guadalhorce, el Plan del Puerto o las carreteras, engullen materia prima a toneladas.
La chispa se ha reavivado al conocerse la intención de abrir más explotaciones. Los vecinos aseguran que en la Consejería de Empleo se han presentado solicitudes para abrir siete nuevas canteras. Las empresas aseguran que son peticiones para 'siete cuadrículas' que darán lugar a una o dos explotaciones. 'No se van a abrir siete nuevas canteras', asegura el gerente de la Asociación de Empresas Extractivas de Málaga, Antonio Martín.
La Plataforma en Defensa de la Sierra hace otras cuentas. Según los cálculos de la organización, que agrupa a vecinos y ecologistas, las nuevas explotaciones abarcarían una superficie similar a 2.100 campos de fútbol y ocuparían casi el 30% del término municipal de Alhaurín de la Torre, aunque también entrarían en suelo de Benalmádena y Torremolinos. La propuesta de los canteros está pendiente del estudio de impacto ambiental.
El delegado de Medio Ambiente, Ignacio Trillo, ha aclarado que 'se trata
de una pretensión empresarial' y que el hecho de que la Administración
autonómica haya iniciado su tramitación no supone que vaya a obtener luz
verde. 'Nosotros no podemos parar el procedimiento, pero hay suficientes
mecanismos para dar protección a la sierra', precisó. Recordó que falta
la aprobación de Empleo, pasar el filtro del estudio de impacto ambiental y
el trámite de exposición al público, proceso en el que ayuntamientos y
particulares pueden presentar alegaciones.
Denuncias de ilegalidad
La plataforma advierte de que los funcionarios que autoricen las explotaciones podrían incurrir en prevaricación, ya que la iniciativa vulnera el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la provincia, así como el PGOU de Torremolinos y las normas subsidiarias de Alhaurín, que prohíben la extracción de áridos. La coordinadora quiere incluso que se cierren las ocho canteras existentes en Alhaurín por supuestas irregularidades en sus licencias. Estas presuntas anomalías son objeto de un contencioso abierto actualmente entre los vecinos y el Ayuntamiento.
Martín defiende la legalidad de las canteras con dos argumentos: la Junta no ha abierto expedientes sancionadores a las explotaciones existentes y todas las denuncias ante los juzgados han sido archivadas. Además, recuerda, 'para que la gente tenga casas y carreteras son necesarios los áridos'. Los vecinos ponen el acento en los efectos negativos: el polvo en suspensión, el trasiego de 3.000 camiones diarios por el municipio y el deterioro que supone para la sierra la extracción de 60.000 toneladas por día. También aluden a que algunas canteras están a menos de un kilómetro del núcleo urbano.
Si la Junta da el visto bueno, las empresas pedirán autorización al Ayuntamiento, aunque sus normas prohíben más canteras. Martín avanza que si Empleo autoriza la actividad y el consistorio no, caben tres salidas: o dirime un juez, o se hace una modificación puntual de las normas urbanísticas, o la Junta declara la explotación de interés público.
Frente a esta postura, IU, que está integrada en la plataforma, pide que la Junta declare zona saturada de canteras a la sierra de Mijas. Los vecinos, por su parte, acusan a la Junta y al Ayuntamiento de connivencia con los canteros. El portavoz de la plataforma, Juan Piña, apunta incluso que la actividad es deficitaria para el pueblo: 'El Ayuntamiento cobra una peseta por tonelada extraída y gasta cuatro en reparar los daños que provocan los camiones'.
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