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Juan Manuel Cestino. 25.11.03. Estimados compañeros y compañeras, en la pasada reunión de Ordenación del Territorio en Humilladero me hicieron  llegar el acuerdo al que habían llegado los empresarios mineros, los sindicatos y las Consejerías de Empleo y Desarrollo Tecnológico y Medio Ambiente. En una primera lectura “in situ” me pareció algo grave que se tratara un tema tan delicado de una forma tan frívola, pero ahora,  una vez leído varias veces y metido en el congelador para evitar los rebotes, tengo que reconocer que es un texto aberrante ( el firmado por la Consejera de Medio Ambiente Doña. Fuensanta Coves Botella). Su sola firma del texto me impulsa a pedir fehacientemente que el Sr. Chaves, Manolo para más señas, disuelva o elimine la Conserjería de Medio Ambiente. Que nos libere así del suplicio y el gasto que supone el  tener que luchar contra una institución que supuestamente fue creada para gestionar, conservar y cumplimentar el artículo 45 de nuestra Constitución. En su lugar se podría crear una Subjefatura de Medio Ambiente, dentro de la propia Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, y subordinada a ella. El ahorro en sueldos lo podríamos dedicar a la educación ética- medioambiental de la “clase política”.

 

Una vez agotado el espacio dedicado al humor, quisiera pediros que analicéis el texto fabricado por los empresarios de la destrucción medioambiental más potente que existe en nuestra comunidad, Los Canteros,  con los sindicatos como acólitos forman el grupo que en adelante pasaré a denominar “empresa” ya que para mi la empresa se compone de capital y obreros. Además estos últimos por separado poco van a discrepar de lo que digan los empresarios o capitalistas, jefes en este negocio, menos aún si “peligran sus puestos de trabajo. Este texto es aceptado sin reservas por las dos Consejerías a sabiendas de que se vulnera la legislación actual, Ley de minas  (Ley 22/1973, de21 de julio)  y Ley de Protección Ambiental (Ley 7/1994, de 18 de mayo, además de incumplir todo un rosario de Instrucciones Técnicas Complementarias  (ITC) que son de obligado cumplimiento y la Ley de Regimen Local.

 

Con este acuerdo, a mi juicio clandestino e ilegal, se pretende crear unas reglas de juego en las cuales  los acuerdos los toman las empresas mineras. La Administración Andaluza las bendice y las protege, eliminado prácticamente a cero la capacidad correctora de la C.M.A con la total complicidad de ésta. También se pretende como se recoge en el texto, modificar la normativa; la promulgación de decretos; la eliminación de las competencias municipales; el impedir que cualquier tipo de asociaciones ciudadanas tengan cabida y control en sus actividades.  Todo pensado por unos empresarios que desean tener patente de corso para poder actuar según sus propias normas y así seguir ayudando a mantener la especulación urbanística. Se Pretende poner en valor el “ladrillo construido” propiedad de los de siempre, frente a la riqueza medio Ambiental patrimonio de todos. Y así, a pesar del descaro en la pretensión, la señora Coves tiene la desfachatez de admitir que la minería de áridos es imprescindible entre otros para las industrias químicas, siderúrgicas, metalúrgicas, productos industriales, automoción, electromecánicas y electrónicas. Además de la única que realmente es cierta: La Construcción y la Obra Pública innecesaria y destructora.  Yo os pediría que Ecologista en Acción Andalucía exigiera a Medio Ambiente que denunciara el Protocolo y que en adelante nos considere parte interesada en la elaboración de cualquier acuerdo que sobre explotación de recursos mineros a cielo abierto (Canteras) se quiera llegar en la Comunidad Andaluza, no solo la empresa y la Administración deben tener voz y voto en la Gestión y explotación de nuestro Patrimonio.

 

Por lo que someramente os he enumerado me gustaría pediros que lo leáis y podamos tener un debate sobre este tema y llevarlo a Constantina (Sevilla). Creo que a Ecologistas en Acción Andalucía la han dejado en fuera de juego, o bien que yo este obcecado en este tema y sea aconsejable que siga adelante este Protocolo.  Protocolo que ya debe tener por el tiempo transcurrido desde su aprobación bastante camino andado.

Málaga 25 de octubre de 2003.

Saludos Juan Manuel Cestino. Ecologista en Acción Habalcuza. Málaga.

 

Visto el eco tan notorio alcanzado por mi propuesta quisiera añadir a lo enumerado anteriormente las siguientes reflexiones.

 

De ninguna manera debemos afrontar el problema de las extracciones mineras a cielo abierto de áridos (canteras), como algo independiente del crecimiento urbanístico descontrolado y en muchos casos especulativo. La propia Ley de minas en su articulo 3.1 dice: Los yacimientos minerales y demás recursos geológicos se clasifican, a los efectos de esta Ley, en las siguientes secciones: A, B y C.  Y califican así los recursos englobados dentro de la clasificación A. Pertenecen a la misma los de escaso valor económico y comercialización geográficamente restringida, así como aquéllos cuyo aprovechamiento único sea obtener fragmentos de tamaño y forma apropiados para su utilización directa en obras de infraestructura, construcción y otros usos que no exigen más operaciones que las de arranque, quebrantado y calibrado.

 

Esta claro que con la firma del Protocolo minero se pretende por parte de las empresas del sector, a la no aplicación de la legislación vigente. Se consigue desactivar todos los mecanismos de protección a la propiedad, la competencia municipal y sobre todo dejar sin efecto en la practica la Ley 7/94 de Protección Ambiental.

 

Es inadmisible que en la pasada Asamblea General de Ecologistas en Acción Andalucía y por parte de Lola Illescas se afirmara que consideraba interesante la firma del protocolo por la falta de regulación al respecto.

Quisiera recordaros que las explotaciones mineras a cielo abierto están contempladas en la Ley 7/94 dentro del anexo segundo y por tanto sujetas al Estudio de impacto ambiental, esto por parte de la Conserjería de Medio Ambiente y tiene carácter vinculante.

 

Por parte de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico debe tenerse en cuenta como norma de obligado cumplimiento: el proyecto de Cantera, el Plan de Restauración y el Plan Anual de Labores.

 

Todas estas garantías se eliminan con la firma y aplicación del Protocolo Minero, dejando la explotación de áridos dolomíticos o calizos solo al control de las empresas  extractoras. Y esto a todas luces ilegal, lo firma en señal de aprobación la Consejera de Medio Ambiente Doña Fuensanta Coves.
 


 

PROTOCOLO

 

 JUNTA DE ANDALUCÍA

 

 

PROTOCOLO GENERAL ENTRE LAS CONSEJERÍAS DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS, LA CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE ANDALUCÍA (UGT – A) Y LA CONFEDERACIÓN SINDICAL DE COMISIONES OBRERAS DE ANDALUCÍA (CCOO) PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN LA MINERIA DE ÁRIDOS, ROCAS Y MINERALES INDUSTRIALES.

 

En la ciudad de Sevilla, a diez de julio de 2003,

 

REUNIDOS

 

DE UNA PARTE,  el Excmo.Sr. D. José Antonio Viera Chacón, Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía,

 

DE OTRA PARTE, la Excma.Sra.Dª. Fuensanta Coves Botella, Consejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía,

 

DE OTRA PARTE,  D. Antonio Nieto Rivera, Secretario General de la federación Andaluza de Municipios y provincias,

 

DE OTRA PARTE, D. Santiago Herrero León, Presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía,

 

DE OTRA PARTE, D. Manuel Pastrana Casado, Secretario General de la Unión General de Trabajadores de Andalucía (UGT-A),

DE OTRA PARTE, D. Julio Ruiz Ruiz, Secretario General de la Confederación Sindical de CCOO de Andalucía,

 

Reconociéndose las partes capacidad legal suficiente para suscribir el presente Protocolo General;

 

 

EXPONEN

 

PRIMERO.-  Que la industria minera de áridos, rocas y minerales industriales de Andalucía y en general, los productos naturales que de nuestra se extraen, son una riqueza indiscutible de nuestra comunidad, resultando imprescindible para la construcción, la obra pública, la industria cerámica, la industria química, las industrias siderúrgicas y metalúrgicas, la fabricación de productos industriales, automoción, industrias electromecánicas y electrónicas, o para industrias como la papelera, de medicamentos o alimentario, necesario para el desarrollo económico y social.

 

SEGUNDO.- Que es voluntad de las partes la colaboración mutua en el ámbito de la minería de áridos, rocas y minerales industriales.

 

TERCERO.- Que la minería de áridos, rocas y minerales industriales de Andalucía se ha venido consolidando el los últimos años, como uno de los sectores más dinámicos dentro de nuestra economía regional, conformando un tejido industrial en el que se integran un gran número de pequeñas y medianas empresas, siendo muy importante tanto por su facturación como por los empleos que se mantienen y generan.

 

CUARTO.- Ante la situación actual, considerando necesaria la adopción de determinadas medidas para el mejor desarrollo de la actividad y asumiendo el sector el reto de consolidar y promover un desarrollo sostenible basado en objetivos de crecimiento, competitividad y empleo, aprovechando los recursos geológico – mineros de Andalucía, en el marco del respeto a las normas de protección al medio Ambiente.

 

Por todo lo expuesto, las partes ACUERDAN la firma del presente Protocolo General, con arreglo a las siguientes:

 

 

 

ESTIPULACIONES

 

PRIMERA.- CRITERIOS PARA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LAS EXPLOTACIONES MINERAS.

 

 

Las partes firmantes consideran necesario mejorar las condiciones ambientales de las explotaciones extractivas en Andalucía, para propiciar la compatibilidad de la actividad minera con el medio ambiente.

Para ello los titulares de actividades mineras o los explotadores, adaptarán los planes de labores a métodos más racionales y respetuosos con el medio ambiente, así como proponiendo de forma voluntaria mejoras ambientales para la ejecución de los proyectos de restauración que supongan un avance en las pautas de funcionamiento del sector, Todo ello conforme al marco legal vigente.

Para ello el sector empresarial se compromete a elaborar en el plazo de tres meses un documento denominado “CRITERIOS PARA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LAS EXPLOTACIONES MINERAS” para su aplicación en el conjunto de las explotaciones de Andalucía. De este documento se dará traslado a las partes firmantes del presente protocolo para su análisis y valoración.

Las partes firmantes consideran que un plazo de cinco años es el adecuado para elaborar de forma progresiva, por etapas y áreas territoriales, la adaptación de los planes de labores y proyectos de restauración.

Así mismo, las partes firmantes, en sus respectivos ámbitos de competencia, se comprometen a impulsar iniciativas que fomenten el desarrollo del sector mediante la reutilización y puesta en valor de residuos sólidos de otras actividades (principalmente de construcción y demolición) como complemento a esta industria.

 

SEGUNDA.- INFORME ESTADÍSTICO.

 

Las partes firmantes acuerdan que por las Consejerías de Empleo y Desarrollo Tecnológico y Medio Ambiente se elaborará en el plazo de tres meses, un INFORME ESTADÍSTICOS sobre los expedientes administrativos tramitados en los tres últimos años.

En el mismo se hará expresión de los expedientes de investigación, exploración, concesión, explotación, planes de labores, planes de restauración, resueltos y pendientes de resolver.

Así mismo, se indicaran los expedientes sometidos a procedimientos de prevención ambiental, autorización forestal, ocupación de monte publico,  autorización de la Ley 2/89, prevalecía, o discrepancia, tanto resueltos como pendientes de resolver, a fin de conocer la incidencia sobre los Espacios Naturales Protegidos o sobre los Espacios Forestales públicos o privados.

Del INFORME ESTADÍSTICO se dará traslado a las partes firmantes del presente protocolo para su análisis y valoración.

 

 

TERCERA.- INFORME TÉCNICO SOBRE LOS RECURSOS MINERALES DE ANDALUCÍA.

Por la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico se elaborará en el plazo de seis meses un informe técnico con expresión grafica de la distribución de las distintas reservas, indicios, recursos, explotaciones y demás datos de interés minero existentes en nuestra Comunidad Autónoma.

Para ello los empresarios aportarán a la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico la información  de que dispongan de cada una de sus concesiones.

Del informe técnico se dará traslado a las partes firmantes del presente protocolo para su análisis y aprobación.

 

CUARTA.- PLAN DE DESARROLLO DE LA MINERÍA DE ANDALUCÍA.

La Junta de Andalucía, la Confederación de Empresarios de Andalucía, la Unión General de Trabajadores de Andalucía (UGT-A) y la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO), se comprometen  a finalizar la Concertación del Plan de Desarrollo de la Minería de Andalucía en el plazo de tres meses, como instrumento necesario para la planificación  económica del sector.

Por ello se da traslado de este protocolo a la mesa por la minería de Andalucía.

 

 

 

QUINTA.- PLAN DE ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS MINERALES DE ANDALUCIA. (PORMIAN).

 

Las partes firmantes consideran necesario disponer de un instrumento planificador de los recursos minerales, elaborado de forma coordinada y compatible con la planificación existente, sobre recursos naturales, territoriales, urbanísticos y culturales.

Por ello acuerdan la necesidad de que por la Conserjería de Empleo y Desarrollo Tecnológico  y en el marco de la Ley de Ordenación del Territorio de Andalucía, se elabore en el plazo de un año, UN PLAN DE ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS MINERALES DE ANDALUCIA (PORMIAN).

Dicho plan será consensuado tanto por las partes firmantes del presente protocolo como por la Mesa por la Minería de Andalucía, para lo que se mantendrán cuantas reuniones  sean precisas de ambos órganos.

 

 

SEXTA.- SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE EXPEDIENTES MINEROS (SIGEMIN).

La Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, pondrá en marcha en el plazo de un año, un Sistema Integrado de Gestión de Expedientes Mineros, de forma que puedan ser consultados desde cualquier oficina administrativa de la Junta de Andalucía (SSCC, DELEGACIONES PROVINCIALES, ORUS, UTEDLT, etc) así como por los solicitantes de los expedientes mineros.

Se impulsará la conexión de este sistema con el que disponga la Consejería de Medio Ambiente para la tramitación de los expedientes de Prevención Ambiental, forestales o de autorización en Espacios Naturales Protegidos.

Periódicamente se elaborará un informe de seguimiento que se dará traslado a los firmantes del presente protocolo para su análisis y valoración.

Así mismo, la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, se compromete a informar periódicamente a la Consejería de Obras Publicas y Transportes, de los permisos de Investigación y Concesiones aprobados y existentes, a fin de que por dicha Consejería puedan ser tenidos en cuenta en los instrumentos y planes de ordenación del territorio, e informar mensualmente a las mesas provinciales de dicha Consejería de todas las novedades  que surjan en relación  a los aspectos mineros e industriales.

 

 

SEPTIMA.- CRITERIOS Y DIRECTRICES AMBIENTALES

 

La Conserjería de Medio Ambiente elaborará en el plazo de tres meses criterios y directrices minero – ambientales para el análisis  ambiental de los expedientes mineros. Los indicados criterios y directrices serán objeto de análisis, valoración y en su caso aprobación por los firmantes del presente protocolo.

Para su elaboración se tomara en consideración la normativa forestal y de prevención ambiental, de forma que avancemos en la integración de los procedimientos administrativos dependiendo de la legislación aplicable en cada caso, unificación de criterios así como en su aplicación por las distintas Delegaciones provinciales.

 

 

 

OCTAVA.- SIMPLIFICACIÓN DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS

 

 

Por la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico se va a estudiar en el plazo de tres meses, la simplificación  de los tramites administrativos a fin de acortar su tramitación.

Las conclusiones de dicho estudio se dicho estudio se materializarán mediante la elaboración de una norma en los siguientes SEIS meses, que será sometida al consenso de los firmantes del presente Protocolo.

 

 

NOVENA.- ADAPTACIÓN DE LA NORMATIVA VIGENTE.

 

Dada la diversa situación administrativa de las explotaciones mineras en nuestra Comunidad Autónoma y con el fin de mejorar las garantías jurídicas de las mismas (licencias, derechos mineros y normativa ambiental), las Consejerías de Empleo y Desarrollo Tecnológico y de Medio Ambiente a propuesta de la Confederación de Empresarios de Andalucía estudiarán en el plazo de seis meses, las modificaciones legales o en su caso si así fuera necesario, o procediera la elaboración de una nueva normativa.

Para tal fin, la Consejería de Medio Ambiente solicitara los informes jurídicos pertinentes.

 

DECIMA.- COMISIONES PROVINCIALES DE MINERÍA.

 

Con el fin de mejorar la coordinación entre las distintas administraciones y los agentes económicos y sociales, las partes firmantes de del presente Protocolo acuerdan la creación de Comisiones Provinciales de Minería.

 Dichas Comisiones se considerarán como un desarrollo territorial de la Mesa por la Minería de Andalucía. En la misma se analizaran los problemas mineros existentes en cada una de las provincias andaluzas, proponiendo y acordando las soluciones a los mismos, de los acuerdos adoptados se dará traslado a la Mesa por la Minería de Andalucía, así como a la Comisión de Seguimiento del presente Protocolo General.

Las Comisiones Provinciales de la Minería que serán cuatripartitas y presididas por el Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, estarán compuestas paritariamente por:

.- Junta de Andalucía, representada por la Conserjería de Gobernación, la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, la Consejería de Medio Ambiente y la Consejería de Obras Publicas y Transportes.

.- Federación Andaluza de Municipios y Provincias representada por cuatro miembros.

.- Confederación de Empresarios de Andalucía, representada por cuatro miembros.

.- Las Organizaciones Sindicales estarán representadas por dos miembros por cada una de las entidades firmantes de este protocolo.

Las Comisiones Provinciales de Minería se constituirán en el plazo de dos meses.

Las Comisiones se reunirán al menos dos veces al año o bien cuando alguna de las entidades representadas lo solicite.

 

UNDÉCIMA.- PERMISOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN.

 

Con el objetivo de evitar cuantiosas inversiones empresariales, que no redundan en un posterior permiso de explotación, las partes acuerdan someter los expedientes de Permisos de Investigación, exploración  y concesiones de explotación, al informe previo no vinculante de la Conserjería de Medio Ambiente, a petición del promotor. Dicho Informe deberá ser emitido en el plazo de tres meses.

 

DUODÉCIMA.- MAPA DE COMPATIBILIDAD MINERO – AMBIENTAL DEL TERRITORIO.

 

A fin de disponer de una herramienta indicadora en el corto plazo, que nos permita analizar la viabilidad ambiental de las futuras explotaciones mineras, las partes firmantes acuerdan que la Consejería de Medio Ambiente elabore en el plazo de seis meses un MAPA DE COMPATIBILIDAD MINERO AMBIENTAL, que será sometido al consenso de los firmantes del presente Protocolo.

El mapa de Compatibilidad Minero Ambiental se contrastaría con la cartografía de los recursos minerales antes mencionada, a fin de poder priorizar en la medida de lo posible el desarrollo de estos recursos en zonas que gocen de mayor grado de compatibilidad con los valores ambientales legalmente protegidos y en especial con la defensa del patrimonio forestal.

 

DECIMOTERCERA.- DECRETO SOBRE MINERIA.

 

Dada la necesidad de actualizar la normativa minera en nuestra Comunidad Autónoma  las partes acuerdan, en el marco de la legislación vigente, la elaboración por la Consejería de Empleo y Desarrollo tecnológico de un Decreto sobre minería en el plazo de un año, de forma que entre otros aspectos se actualicen y modernicen procedimientos,  prevea la posibilidad de solicitud del informe previo no vinculante a que se refiere la cláusula 11ª, se coordinen actuaciones  en los ámbitos ambientales (restauración, calidad ambiental, etc) de ordenación del territorio, urbanismo, municipales así como todos aquellos que se consideren oportunos.

 

DECIMOCUARTA.- DICTAMEN JURÍDICO SOBRE COMPETENCIAS MUNICIPALES.

 

A fin de facilitar las actuaciones de los municipios andaluces con relación a los permisos, licencias y autorizaciones mineras, la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico elaborará en el plazo de seis meses un dictamen jurídico sobre las competencias municipales en esta materia, su alcance y límites, así como sobre los procedimientos administrativos a seguir. Para ello las partes firmantes se comprometen a facilitar la información de que dispongan para la elaboración de dicho informe.

El dictamen será sometido a análisis y valoración de las partes firmantes del presente protocolo.

La FAMP se compromete a trasladar dicho dictamen a los municipios para su conocimiento.

 

DECIMOQUINTA.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO.

 

Se constituirá una Comisión Mixta compuesta por dos representantes por cada una de las partes firmantes (Junta de Andalucía, CEA, Sindicatos y FAMP), con funciones de análisis, valoración y en su caso concertación  de los documentos elaborados así como del seguimiento y evaluación de las actuaciones que constituyen  el presente protocolo, pudiendo proponer modificaciones al mismo  en caso de considerarlo necesario.

La comisión se reunirá al menos dos veces al año o bien cuando alguna de las entidades representadas lo solicite.

 

DECIMOXESTA.- VIGENCIA

 

El presente Protocolo General tendrá una vigencia de cinco años desde la fecha de su firma, pudiendo ser prorrogado por acuerdo de las entidades que intervienen.

Y, en prueba de conformidad se suscribe el presente Protocolo General de Colaboración  en sextuplicado ejemplar y a un solo efecto.

 

 

FIRMAN Y RUBRICAN TODOS LOS MENCIONADOS EN EL ENCABEZAMIENTO Y EN REPRESENTACIÓN  DE SUS CONSEJERÍAS Y ORGANIZACIONES.

 

Sevilla a diez de julio de 2003.