Así, el 27 de julio presentó las alegaciones contra el permiso de investigación minera El Almendral, contra la propuesta de una empresa domiciliada en Madrid para investigar en más de 800 hectáreas de terreno de monte repartidas entre tres pueblos: los alhaurines y Cártama. Fundamentalmente, la alegación se basa en la máxima protección de la zona por su valor arqueológico.

El segundo de los recursos fue interpuesto ante la Junta de Andalucía el 6 de agosto, en el que se requería la caducidad del permiso de investigación minera Jarapalos 6.408 de seis cuadrículas mineras -precisamente, en el sector de Sierra Llana que las empresas Canteras Sánchez Domínguez y Aridos Alhaurín de la Torre pretenden abrir otra planta extractiva-, con arreglo a que éste había caducado.

En tercer lugar, el alcalde pidió que el pleno ratificara la interposición del texto de alegaciones contra el edicto de la Consejería de Industria y Trabajo de la Junta para la urgente ocupación y la autoexpropiación de esos terrenos. Ese documento fue presentado el pasado jueves.

Los grupos municipales no ofrecieron fisuras para apoyar estas acciones, si bien el portavoz de Izquierda Unida, Fernando Antiñolo, precisó que «en cuestiones tan importantes como éstas, pedimos que la Alcaldía nos informe previamente a los grupos de la oposición, por su magnitud y alcance social».

Precisamente, la coalición de izquierdas y otros colectivos ciudadanos y sociales del municipio y la provincia -Unión Universal-Desarrollo Solidario; grupo ecologista Ítaca; Asociación para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente, y las asociaciones de vecinos Depinos, Torresol y La Capellanía-, han suscrito un recurso conjunto de alegaciones contra el edicto emitido por el Gobierno autonómico. El texto presenta un argumentario de cuatro puntos complementado por una extensa jurisprudencia y una amplia base jurídica.

En concreto, los firmantes del documento se basan en la defensa del medio ambiente, como límite legítimo de frente a otros intereses particulares, tal como establece la normativa comunitaria y varias sentencias del Tribunal Supremo y el Constitucional.

Como segundo argumento, el escrito alega que la actuación realizada por la Junta en referencia al proceso de información pública y al supuesto expediente de expropiación «es nula de pleno derecho, porque se ha prescindido absolutamente del procedimiento legal», sobre todo, en la previa declaración de utilidad pública o interés social, por parte del Consejo de Gobierno de la Junta. El tercer punto es que el actual planeamiento urbanístico de Alhaurín de la Torre -aprobado por la propia Junta y que, además, esta norma prevalece sobre el interés minero, según el texto- impide el uso extractivo en la sierra, por ser suelo de máxima protección.