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PDSS recuerda en rueda de prensa que el caso de la cantera de Jarapalos 6408
está en la mesa del Presidente Manuel Chávez para su ratificación o su
rechazo. Hay dos informes contrapuestos
Federico Ortega. Málaga. 25.02.03. La Plataforma en Defensa de la Salud y la Sierra ofreció ayer lunes una rueda de prensa para dar a conocer al público la posible e inminente ratificación -o no- de la firma por el Presidente andaluz Manuel Chávez, del permiso que permitiría legalizar la apertura de la nueva cantera Jarapalos 6408 . Juan Piña, presidente de la PDSS, hizo un análisis de la historia y el estado actual en que se encuentra el expediente Jarapalos 6408. Recordó a los asistentes que la nueva cantera tendría una extensión de 2340 has. más que todas las actuales canteras juntas y que el Presidente Chávez tiene dos informes en su mesa: uno positivo de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico y otro contrario a la apertura de la cantera, realizado por el Jefe Superior del Servicio Forestal de la Junta, Nicolás de Benito Ontañón. La propiedad de la posible concesión minera es de la empresa SANDO, que la adquirió a BADOMAR ya que ésta no conseguía el permiso de la Junta de Andalucía para comenzar su explotación. Una vez efectuado el cambio de titularidad, según Juan Piña, en seis días le fue concedido el permiso a SANDO por la Delegación de Minas de Málaga en base a dos motivos: la declaración de interés prevalente y la ocupación inmediata. (Amliar esta información en el artículo de Juan Manuel Cestino: ( triquiñuela legal.htm ) Sin embargo el Jefe Superior del Servicio Forestal de la Junta, Nicolás de Benito ha realizado otro informe donde rebate punto por punto el de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico y donde asegura, según la PDSS, que la Sierra de Mijas debe gozar de una especial protección en base a su valor ecológico, paisajístico, de recreo, a los recursos de CO2 que proporciona, a los acuíferos y dada su situación en una zona densamente poblada. Estos valores, en palabras de Juan Piña, que hace referencia al informe, son más importantes que los económicos derivados de la explotación de áridos. Sobre la necesidad de urgente ocupación, continuó Piña, la apertura de Jarapalos 6408 supondría una financiación pública de actividades de empresas privadas. Denunció asimismo que hay una estrategia entre la Junta, el Ayuntamiento y los canteros para continuar con las explotaciones.
El abogado de la PDSS Francisco J. Galán añadió que el
informe de de Benito define el daño ecológico realizado en la sierra como
irreversible y catastrófico, lo que le lleva a ser un delito contra el medio
ambiente agravado. Informó también que SANDO ha incurrido en una presunta
estafa procesal ( lo que puede ser un delito penal) ya que dice que no se le
notificó por el juzgado en el proceso que se sigue contra su explotación,
sin embargo sí envió juicio al abogado Sánchez Manzano, hijo de Sánchez
Dominguez, que representó a toda la asociación de canteros.
Por su parte, la portavoz de la Asamblea
Local de Izquierda Unida de Alhaurín de la Torre, Encarna Ruiz,
comentó que la actividad extractiva es incompatible al desarrollo
del municipio y aseguró que la puesta en marcha de las canteras
supone satisfacer los intereses de grandes empresas, pero no
satisface los intereses de los ciudadanos alhaurinos. Criticó
además al Ayuntamiento por no poner los medios jurídicos de
que dispone que pagamos todos los alhaurinos para detener la
actividad minera de la sierra.
Roque Manchado, participante en casi todas las ruedas de prensa de la PDSS excusó su asistencia aduciendo que él no forma parte del comité del PSOE de Alhaurín de la Torre, según comentó el presidente de la PDSS.
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