La Fiscalía de Granada ha acusado al alcalde de Padul (Granada), Cipriano Duarte (IU), de ser "cómplice" de un delito contra el medio ambiente por permitir la explotación de forma ilegal de la cantera 'Gravera el Voladero', pese a ser conocerdor de que esta explotación "estaba causando un fuerte impacto ecológico", hechos por los que solicita una pena de seis meses de prisión, siete de inhabilitación especial y una multa de 1.500 euros, según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press.

Además, el fiscal solicita un año y medio de prisión y una multa de 21.600 euros para el titular de la explotación, Santiago D.M., como autor del delito, acusándole de extraer áridos de la cantera entre 1995 y 2000 "de forma ilegal, no sólo porque incumpliera normas legales sobre la materia, sino porque llevó a cabo una explotación muy agresiva contra el medio ambiente".

El otro "cómplice" del delito, según el fiscal, fue el jefe del Departamento de Minas, Miguel Angel Tobes González, a quien imputa los mismos cargos que a Duarte por ser conocedor de la situación de todas las canteras de la provincia y no evitar el daño en este caso "pese a ser evidente".

El Ministerio Público recuerda en el escrito que el primer edil tomó posesión del cargo en diciembre de 1997 y que, a los 19 días, a pesar de ser consciente "del impacto visual" que producía la explotación, "así como de la queja social que existía por la agresión que se estaba realizando al medio ambiente", se reunió con el titular de la cantera y, entre ambos, concertaron un nuevo contrato de adjudicación directa de la cantera hasta el 31 de diciembre de 2007.

Con ello, según el fiscal "se dio amparo y continuidad" a la explotación" y, "naturalmente" el Ayuntamiento seguía así percibiendo los correspondientes cánones arrendaticios por la extracción de piedra caliza.

Además, según añade, "para completar su labor de cobertura de la cantera en cuestión", el alcalde finalizó el expediente y otorgó licencia municipal de apertura de establecimiento a la misma en febrero de 1999.

"IMPARABLE DEGRADACION"

Así, "pese a la imparable degradación del medio ambiente que se estaba produciendo, la cantera prosiguió su actividad, con el amparo del alcalde de Padul", presentando en marzo de ese año el titular de la explotación el Plan de Labores correspondiente.

Frente a esa situación, la Delegación Provincial de Medio Ambiente de la Junta, remitió un escrito a la de Industria en el que comunicaba que la cantera "no tenía autorizada la ocupación de terrenos, ya que la ocupación de monte púlico otorgada sólo era provisional y para aprovechamientos forestales, al tiempo que solicitó su caducidad y paralización. Ante ello, Industria no aprobó el Plan de Labores presentado.

En julio de 1999 --prosigue el escrito--, la Delegación de Medio Ambiente emitió un informe en el que se señalaba en relación a esta cantera que la superficie que figuraba en el Plan de Restauración era inferior a la superficie solicitada para la ocupación definitiva y que "la cantera ocupaba un Espacio Natural Protegido y estaba incluida en una zona donde estaba prohibida la ampliación de explotaciones mineras", por lo que se informó desfavorablemente la petición de ocupación de monte público presentada por el propietario.

Resalta el fiscal que la misma delegación emitió en junio de 2000 un informe en el que destacaba que "la cantera se había extralimitado ocupando 5,17 hectáreas de monte declarado de utilidad pública".