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Al-Ándalus
Construcciones
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La plataforma aporta nuevos documentos al juez que ordenó el cierre de canteras en Alhaurín
ESTER REQUENA. DIARIO SUR. 25.09.01 La
Plataforma en Defensa de la
Salud y la Tierra de Alhaurín
de la Torre ha presentado
una serie de documentos
oficiales que serán
entregados al juez en el próximo
recurso, en los que se señala
que la actividad de algunas
canteras es ilegal. Entre la
documentación se encuentra
una carta del Defensor del
Pueblo al Ayuntamiento de
Alhaurín de la Torre de
1992 recordándole los «deberes
legales y recomendación
concretada en que se proceda
a la clausura y cese de las
nueve canteras y una planta
de asfalto, por carecer de
licencia municipal».
La asociación ha
mostrado también
documentación en torno a
tres de las cuatro canteras
a las que afecta la
sentencia de cierre dictada
por el Juzgado de lo
contencioso administrativo número
4 de Málaga. «Con esto
queremos demostrar que son
ilegales no sólo por las
licencias de apertura sino
por otras cosas», afirmó
Juan Piña, portavoz de la
plataforma.
En dicho papeles, se
incluye que a la cantera
Pinos de Alhaurín sólo se
le autorizó, previa
solicitud, para aprovechar
los áridos sobrantes de las
obras de explanación en la
urbanización Pinos de
Alhaurín. Asimismo, en un
informe emitido por la
Diputación se concluía que
no tenía licencia de
apertura ni de ninguna de
las construcciones
vinculadas a la actividad,
así como que la planta de
machaqueo era nula de pleno
derecho.
Según los documentos
presentados, la cantera
Retamero tenía una
autorización de Minas desde
1971 hasta 1981, siendo
ampliada hasta 1990, por lo
que la plataforma ha
mostrado un escrito de la
Delegación de Medio
Ambiente en la que se señala
que la ocupación y la
explotación ha finalizado.
En cuanto a Troconal, la
plataforma ha presentado la
memoria de explotación de
la cantera de 1.981 en la
que se señala que los
terrenos son propiedad de
Icona y que la empresa tiene
dos concesiones
administrativas durante un
periodo de diez años. Pero
junto con esto, además de
que el colectivo asegura que
ha caducado la concesión,
explican que según los
datos de la Junta de Andalucía
se ha destrozado más del
doble, fuera de límites y
con diez veces más altura
de lo permitido en las
concesiones.
Respecto a la cuarta
cantera afectada por el
fallo judicial, Taralpe 43,
«no hemos podido presentar
datos de ella al no dejarnos
la Junta de Andalucía
consultar la documentación
que le solicitábamos».
Con respecto a la
declaración de los
canteranos en las que
explicaban que no habían
recibido notificación del
proceso, Juan Piña aclaró
que sí conocían la
existencia de él, ya que
uno de los propietarios es
el presidente de la asociación
de canteras «al cual se dio
un poder especial para
presentarse en el
contencioso». Asimismo, la
plataforma señala que se
está realizando una campaña
de alarma social utilizando
los puestos de trabajos que
se perderían de cerrar las
canteras. «Su reubicación
supondría, como mínimo,
duplicar los puestos de
trabajo directos e
indirectos y sólo incidiría
en que el margen de los
canteros en lugar de ser el
800 por ciento fuera del 400
o 500 por ciento», asegura
Piña. Junto con la asociación,
los partidos políticos de
la oposición -PSOE y ASIAT-
ratifican su apoyo a la
plataforma y señalan que no
están en contra de las
canteras, sino que quieren
que se busquen otras
ubicaciones.
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