ENCUENTROS EN SUR: Las
canteras y su futuro
Una riqueza incómoda
Diario SUR. 29.10.01. Coordinador: Manuel Becerra. Textos: Ester Requena.
Es una industria en alza, que genera en Málaga un volumen de negocio anual de 14.300 millones de pesetas y que da empleo a casi 4.000 personas. Las 55 explotaciones de áridos repartidas por la provincia son, no obstante mucho más que esas cifras, ya que constituyen el soporte del sector de la construcción y, por ende, de uno de los pilares de la economía malagueña. Nadie discute que para levantar edificios, construir autovías, escolleras, diques, depuradoras y otras infraestructuras hacen faltas piedras, muchas piedras molidas y convertidas en hormigón, morteros y prefabricados, y todos los analistas anuncian que la demanda de áridos seguirá creciendo en la provincia. Sin embargo, las molestias que originan las canteras, sobre todo aquellas que están próximas a municipios como Alhaurín de la Torre, en el que viven casi 25.000 personas, también son innegables.
Desde 1996, cuando se cerró la crisis que afectó al sector de la construcción en Málaga, la actividad de las canteras se ha duplicado y, al mismo tiempo, las protestas vecinales han ido en aumento, no sólo por el impacto visual y medioambiental de los tajos abiertos en la Sierra de Mijas, sino por las molestias causadas por el tráfico pesado, con más de 3.000 camiones que circulan por unas carreteras locales que apenas han mejorado desde que se abrieron las canteras hace treinta años. Las denuncias por presuntas ilegalidades en los requisitos legales para las explotaciones de áridos han dado sus primeros resultados, y una reciente sentencia ordena el cierre de cuatro de las siete canteras.
La resolución judicial, pese a que no es firme, ha marcado un punto de inflexión tras un preámbulo de movilización ciudadana. Los empresarios advierten del perjuicio económico que sufrirá toda la provincia, mientras el movimiento vecinal contrario a las canteras cree que ha llegado el momento para su traslado. ¿Existen zonas alternativas? ¿Cumplen las administraciones públicas su función de vigilancia para que las extracciones de áridos se realicen conforme a la ley? ¿Cuál es el futuro de este sector económico? ¿Repercutirá la crisis abierta en la economía malagueña? Son sólo algunas de las interrogantes planteadas, que tendrá que resolverse en los próximos meses, pero que hoy se abordan -por primera vez se sientan en una mesa sectores radicalmente enfrentados- en 'Encuentros en SUR'.
Para el director de Compañía General de Canteras, Germán Carrasco, «el árido es una materia prima indispensable puesto que está presente en nuestras vidas no sólo en cosas como en carreteras sino en otras que no nos damos cuenta como son las pastas de dientes y el azúcar». Nadie, ni siquiera sus más acérrimos enemigos, discuten la necesidad de que haya canteras. «Son necesarias, pero siempre que no perjudiquen a la población», matiza de inmediato Juan Piña, representante de la Plataforma en Defensa de la Salud y la Sierra (PDSS). Es una cadena. La industria turística malagueña depende de la construcción, y ésta va íntimamente ligada a la producción de áridos. «Además, el consumo de este elemento es uno de los parámetros que miden el desarrollo de un país», enfatiza el asesor técnico de la Asociación de Empresas Extractivas de Málaga, Bernardo Mancera. Así, en España el consumo es de seis toneladas por habitante y año, «mientras que en la costa es de once toneladas y media», explica Carrasco.
La búsqueda de materiales alternativos es otro frente, que apunta el biólogo Félix López. El también profesor de Ecología de la Universidad de Málaga alude a la reutilización, pero Germán Carrasco recalca que «en estos momentos no es factible cubrir la demanda con materiales reciclados, ya que sólo se puede hacer en un cinco o seis por ciento por las características que tiene el árido y además el coste real de esta reutilización está muy por encima del precio de venta».
¿Son legales o no las canteras? Ese ha sido uno de los puntos de polémica en los últimos años. Tras el archivo de una denuncia por parte de la Fiscalía de Medio Ambiente, una sentencia ha servido de revulsivo para el movimiento vecinal. «Declara clandestinas e ilegales cuatro explotaciones de Alhaurín, y algo similar puede pasar en Mijas, ya que vecinos de esta localidad nos han informado de que van a comenzar acciones legales, puesto que incluso tienen un certificado del Ayuntamiento en el que se asegura esto», argumenta Piña. Pero lo que más inquieta a la PDSS es la postura que están tomando las diferentes administraciones con respecto a este tema. Por contra, las dos grandes asociaciones de empresas extractivas defienden su legalidad basándose en el hecho de que «los expedientes administrativos son totalmente diferentes y dependiendo del año en que se solicitaran no se contemplaba la extracción de material, sólo la planta de machaqueo», explica Carrasco.
Los canteranos sostienen que las actividades extractivas y las plantas de extracción y machaqueo forman una unidad indisoluble, «algo con lo que no estamos de acuerdo, porque yo puedo tener licencia para una serrería y sin embargo no puedo cortar todos los árboles que hay a mi alrededor», enfatiza López. Pese a todo, ambos sectores están de acuerdo en que la Ley de Minas del 1973 es un marco suficiente, «aunque no podemos sentirnos ni amparados ni protegidos por las administraciones puesto que han demostrado su incompetencia», puntualizó Piña. Asimismo, las empresas afectadas por la sentencia que ordena el cierre de las cuatro canteras tienen claro que el recurso será favorable, porque no pudieron entregar su documentación al no habérseles notificado el proceso, según apuntó Mancera. López presentó un informe realizado en 1999 por el Instituto Geológico y Minero en el que se habla de que hay varias canteras agotadas. Aunque todos esperan que haya una alternativa, que se llegue a un acuerdo, antes de que se emita el nuevo fallo judicial, que tardará al menos tres años.
El polvo en suspensión y las retenciones de tráfico son las principales molestias ocasionadas por las actividades extractivas de áridos en Alhaurín de la Torre. Los canteranos afirman que las distintas mediciones de polvo que se realizan por parte de la Junta además de las mutuas y otros organismos dependientes de la Administración autonómica no han dado en ningún momento niveles por encima de los establecidos por la ley y «los trabajadores serían los primeros que tendrían una enfermedad pulmonar, pero no se ha dado ningún caso», declaró Mancera. Por el contrario, Piña aseguró que un máster realizado por alumnos del Instituto Ecológico de Andalucía en 1993 -que incluían datos del Servicio Andaluz de Salud (SAS)- reveló que Alhaurín de la Torre era el pueblo que tenía más enfermedades respiratorias pulmonares de toda la provincia, algo que desde los empresarios no tiene valor al no ser un estudio realizado por el organismo competente.
Las 40.000 toneladas de áridos que circulan diariamente por la travesía del municipio suponen una media de unos 1.500 camiones, «aunque según los datos de tráfico son en torno a 3.500», aclara Piña. Además del continuo trasiego de camiones y de las deficitarias vías de Alhaurín «más del 80 por ciento de los transportistas no llevan toldo, por lo que las molestias son aún mayores para los habitantes», argumentó López. Sin embargo, Mancera explica que hay que tener en cuenta que muchos transportistas no dependen directamente de las canteras, «por lo que no los podemos obligarles a que pongan el toldo». Piña llega a romper una lanza a favor de las canteras al afirmar que si se hubieran realizado extracciones diarias para las que sólo se necesitaran 200 camiones y si éstos llevaran toldos, «no nos hubiéramos enterado de que había canteras en el municipio», aclaró el miembro de la plataforma. Por su parte, López planteó la necesidad de buscar sistemas de transporte alternativos como el tren.
Mientras los empresarios y los miembros de la Plataforma discrepan sobre el efecto a la baja que estarían teniendo las canteras sobre el precio de las viviendas de Alhaurín -los primeros piensan que no ha provocado ninguna caída- todos coinciden en que el tráfico es uno de los problemas más acuciantes. Ni siquiera un hipotético traslado de las canteras sería suficiente, en opinión de Mancera, para acabar con las retenciones, dado el boom urbanístico de esta localidad y la falta de infraestructuras viarias.
El futuro de las canteras en Málaga no está nada claro. Las partes defienden sus posturas a capa y espada: la continuidad, por un lado, y el cierre inmediato, por el otro. Los canteranos se oponen al traslado, ya que supondría elevar los costes del transporte de la materia prima en diez pesetas por tonelada y kilómetro, «lo que haría que el árido de la provincia no fuera competitivo», explica Mancera. Asimismo, un hipotético desmantelamiento -el Ayuntamiento defiende que se haga en un plazo de cinco años- afectaría a toda la industria auxiliar, según señaló Carrasco: «Hay sectores que por sus características tienen que estar situados cercanos a las zonas de extracción». La subida del coste del transporte afectaría de lleno a los precios de las viviendas, según los canteranos. La plataforma sostiene lo contrario y destaca que el árido únicamente supone un siete por ciento del valor de la vivienda, algo con lo que no están de acuerdo los empresarios, quienes añaden el coste de los terrazos, los sanitarios, los azulejos y otros elementos que también se fabrican a partir del árido.
«Al llevárselas a otro lugar se duplicarían los puestos de trabajo por el transporte, por lo que si los empresarios reducen sólo un poco los márgenes de beneficios, la repercusión sería mínima en el precio del árido», explicó Juan Piña. Pero el traslado no es algo tan fácil, ya que según Carrasco no existe monte calizo en la provincia en el que se pueda llevar a cabo actividades extractivas al estar los que hay bajo protección medioambiental. También está protegida la Sierra de Mijas, «aunque se establece que sí se puede mantener dicha actividad en los núcleos existentes», recordó Mancera. Asimismo, el estudio realizado por el Instituto Geológico y Minero recoge que el traslado de estas explotaciones a otros lugares provocaría impactos superiores a los que se están registrando en Alhaurín de la Torre, según comentó Carrasco. «Una de las alternativas más factibles es que las canteras sigan ubicadas donde se encuentran, puesto que con la variante de Alhaurín de la Torre y la hiperronda de Málaga se eliminará el problema del tráfico y del polvo en el municipio», aseveró el representante de Financiera y Minera. Pero si los canteranos creen que el principal problema es el transporte, tanto López como Piña hacen especial hincapié en la salud y en el medio ambiente de la zona. Pese a que se realizan mediciones de polvo cada tres meses, Piña pide que se cumpla la orden parlamentaria de instalar medidores fijos en el municipio, algo que se realizó sólo un año a petición de unos vecinos, mientras que López asegura que en el SAS no se sabe nada del citado informe, elaborado por el distrito sanitario Málaga-Oeste en el que el nivel de polvo en suspensión superaba los niveles máximos permitidos por la ley.