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Como se recordará, todo el Caso Retamar se origina por una denuncia de los Vecinos ante la falta de metros públicos en una parcela dedicada a zona verde pública.- Este procedimiento se inició a través de la puesta en conocimiento del Sr. Fiscal de estos hechos. El Fiscal, solicitó la apertura del correspondiente procedimiento penal en los Juzgados por haber indicios de delito. La instrucción del caso ha durado más de cuatro años. Estando casi dos años paralizada en el Tribunal Supremo dada la condición de Senador del Sr. Villanova Rueda.- El Auto del Juez es categórico y concluyente, da como hechos demostrados que mediante un Estudio de Detalle se ha consolidado la pérdida de metros públicos privados a favor de un constructor privado. Señala asimismo el Sr. Juez, “que de lo actuado hasta el momento se desprenden indicios, en el plano objetivo de la presunta comisión de un delito de prevaricación del artículo 404 del Código Penal, derivado del hecho de haberse efectuado por la Corporación Municipal una alteración de la superficie de una parcela de suelo público “la parcela “ 16, que se consolida con la aprobación de un estudio de detalle, lo que resulta absolutamente improcedente de acuerdo con la normativa urbanística de aplicación.”.- El Juez continua el Auto con una dura crítica al encausado SR. Villanova, pues señala expresamente que la actuación del mismo ha sido en contra de los intereses generales y en beneficio de los promotores privados.- Literalmente manifiesta en el Auto: “El plus de antijuricidad que exige el delito de prevaricación frente a la mera ilegalidad administrativa se constata, además, si se tiene en cuenta que con la decisión administrativa “aprobación del segundo estudio de detalle”, se ven afectados los intereses generales, al verse reducida la superficie del suelo de uso público, en beneficio de promotores privados.”. Muy claro es también el SR. Juez cuando manifiesta que toda esta actuación en última instancia va a permitir la urbanización y edificación de suelo público dedicado a zona verde a unos particulares.- Finalmente indica que desde el punto de vista subjetivo la actuación del Sr. Villanova, también existen indicios suficientes de criminalidad pues toda la operación se la ha realizado a sabiendas y con su conocimiento.- Izquierda Unida cumple con su obligación y derecho a proteger el patrimonio público alhaurino. En cumplimiento de sus funciones de fiscalización y control como partido de la oposición exige en todas las actuaciones, urbanísticas o no, el respeto por las leyes; ya que a nuestro juicio no siempre el equipo de gobierno del PP las tiene en cuenta. Con mucha frecuencia IU tiene que recordar la obligación que tienen los responsables políticos y los funcionarios de velar y proteger los intereses públicos. Antes el Fiscal nos dio la razón, ahora de nuevo es el Juez de Instrucción quién nos la dá.
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